Skip to main content

Contratos Gubernamentales

Este grupo de ejercicio de Arnold & Porter de gran prestigio asiste a los clientes a navegar las restricciones estatutarias y regulatorias singulares y otros retos a los cuales se enfrentan las empresas proveedoras de clientes del gobierno.

Representamos a todo un espectro de contratistas de gobierno nacionales e internacionales, de las empresas FORTUNE 100 a las empresas emergentes, incluyendo las organizaciones sin fines de lucro.

Nuestros clientes operan a través de una amplia gama de industrias de apoyo al gobierno: aeroespacial y de defensa, tecnología de la información, servicios profesionales, telecomunicaciones, servicios sanitarios, productos farmacéuticos, seguros, manufactura, servicios financieros, ciencias de la vida y otras.

Capacidad de litigio fuerte. Nuestro grupo litiga ante todos los tribunales, y es reconocido por sus éxitos en casos de alto perfil y alto riesgo, y en casos que han sentado precedente. También representamos a clientes con reivindicaciones sustanciales por y contra el gobierno ante la Junta de Apelaciones de Contratos y el Tribunal de Reclamaciones Federales de Estados Unidos, persiguiendo y defendiendo acciones judiciales entre contratistas.

Un equipo de investigación y defensa sólido. Cuenta con muchos abogados que ocuparon cargos de aplicación en el Gobierno y tienen experiencia en asuntos incoados por auditores, inspectores generales, el Departamento de Justicia, el Congreso y los denunciantes, relacionados con cuestiones de desempeño contractual así como con presuntas violaciones civiles y penales de la Ley de Reclamaciones Falsas, u otros estatutos.

Cumplimiento de las normativas. Nuestros clientes nos presentan los casos crípticos y de "primera impresión" más complejos en virtud de FAR, CAS y otros regímenes regulatorios. Entre los servicios que prestamos podemos incluir:  contabilidad, requisitos de costos y precios, protección de los derechos de propiedad intelectual/datos, y toda una gama de obligaciones que son específicas de los contratistas de gobierno.

Conocimientos en operacionales especializadas. Los contratistas, inversionistas y otros bufetes de abogados solicitan nuestros servicios para hacer frente a las complicaciones únicas relativas a fusiones y adquisiciones y compra-venta de activos relacionadas con contratos de gobierno, lo cual incluye muchas de las operaciones de mayor envergadura del sector.

Seguridad informática y privacidad. Asistimos a nuestros clientes en los problemas cibernéticos cada vez más complejos que enfrentan las empresas, y también con los requisitos adicionales a los cuales están sujetos los contratistas de gobierno así como los asuntos especiales asociados con trabajo que se realiza para el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia.

Contratación internacional. Nuestros clientes operan a nivel mundial y nosotros también. Asistimos a los contratistas que operan en el extranjero en asuntos relacionados con legislaciones extranjeras, estadounidense e internacionales, y a las empresas extranjeras que hacen negocios con organizaciones de Estados Unidos.

Aporte sólido a la seguridad nacional. Asesoramos a contratistas que se desempeñan laboralmente en las comunidades de defensa e inteligencia y les asistimos en cuestiones que surgen de sus operaciones en el extranjero, de la tecnología especializada, de propiedades en el exterior y programas clasificados.

Experience Highlights

  • Professional services firm in advising on proposed legislation banning the U.S. Department of Defense and other federal agencies from contracting with consulting firms who are simultaneously providing consulting services to the Chinese government or its affiliates.

  • Life sciences companies and industry associations in advising on the supply chain implications and national security aspects of bipartisan legislation - including the BIOSECURE Act – imposing U.S. government contracting bans on pharmaceutical companies that rely on certain Chinese companies.

  • Department of Defense contractor in a substantial civil False Claims Act and related suspension and debarment proceedings that involved the meeting of significant demands, national press coverage, international contracting, and unique legal issues regarding extra-territoriality. Following extensive litigation, we successfully resolved all aspects of the matter through settlement and agreement.

  • ​​​​​​L3 Technologies (now L3Harris Technologies) in (i) a US Court of Federal Claims bid protest appeal defending the US Air Force's award of a contract to modernize avionics for its C-130H aircraft, and (ii) as FCC regulatory counsel, its merger with Harris Corporation

  • L3Harris Technologies in securing a judgment in its favor before the Armed Services Board of Contract Appeals for a deficit arising from a pension segment closure under Cost Accounting Standard 413.

  • AstraZeneca in agreements for the funding and global distribution of the University of Oxford's potential COVID-19 vaccine, including an award from the Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) for the development, production, and delivery of vaccine to the United States.

  • Science Applications International Corporation (SAIC) in a US$230 million National Reconnaissance Office bid protest award that resulted in implementation of corrective that included new proposals, discussions and evaluations, and ultimately an award to protestor SAIC after the new evaluations occurred.

  • DC Capital Partners in its sale of radio frequency solutions provider QRC Technologies LLC to digital solutions provider Parsons Corporation.

  • Airbus, as lead counsel, in the disclosures and settlement with the U.S. Department of State's investigations into filings pursuant to the U.S. International Traffic in Arms Regulations (ITAR) and assistance with the company's implementation of the Consent Agreement with the Department of State.

  • Booz Allen Hamilton in a bid protest defense before the General Administration Office of a task order that the Federal Emergency Management Agency issued to it for emergency preparedness support services; we persuaded the GAO that no unequal discussions with FEMA occurred and the agency properly excluded the protestor from the competition.